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Castración química en Colombia ¿Condena justa a los violadores?

En las horas de la mañana del Lunes 5 de Febrero, se dió a conocer el traslado de Rafael Uribe Noguera, a la cárcel La Tramacúa en Valledupar. También, fue revelada una lista de internos que compartirán pabellón con el asesino y abusador de Yuliana Samboni.

Su vecino de celda es Luis Alfredo Garavito, el asesino en serie y violador de menores de edad más temido en Colombia, cumpliendo una sentencia de 40 años. En la lista también se encuentra Manuel Octavio Bermúdez, quien secuestró y mató a más de 20 niños. Alfredo Velasco también cumple su condena de 48 años por la violación y el homicidio de Rosa Elvira Cely.

Es inevitable pensar en por qué todos estos monstruos cumplen con un perfil similar pero ninguno cumple más de 50 años de sentencia. ¿Es suficiente?

Lo más preocupante son las cifras, en Colombia estos son solo alguno de los pocos casos que han recibido notoriedad. En el 2017, según el ICBF, entre Enero y Marzo hubo más de 4,000 denuncias por abuso sexual contra menores de edad. Es decir, 48 por día, de las cuales 495 son menores entre los 0 y 4 años. La Policía de Infancia y Adolescencia también reportó que cada 2 horas, hay 10 abusos sexuales y de esos 7 son contra menores de edad.

Pero de todos estos casos, solo una cantidad mínima se enfrentan al sistema judicial del país, que parece carecer de rigurosidad. El código de Infancia y Adolescencia  impide otorgar beneficios judiciales a culpables de abusos sexuales contra menores de edad en Colombia. Sin embargo, es necesario recordar que, según el fallo producido en el 2016, La Corte Constitucional ratifica el derecho a la reducción de penas para todos los delincuentes por estudio y trabajo en la cárcel, incluso para aquellos condenados por delitos sexuales.

Y aún de no cumplirse la decisión que tomó la Corte Constitucional, la condena máxima para estos delitos en Colombia es de 60 años; condena que ni Luis Alfredo Garavito, asesino y violador confeso de más de 200 niños, recibió.

Así las cosas, es indiscutible la amenaza de reincidencia que trae consigo el reingreso a la sociedad de estos criminales. La libertad no debería ser tan fácil.

Sin reabrir la discusión sobre la viabilidad de la cadena perpetua o pena de muerte a los transgresores y homicidas de menores de edad en el país, sí vale la pena discutir la implementación de represiones más severas a los eventuales liberados, como la castración química.

El sistema consiste en el suministro de un medicamento que baja el nivel de testosterona e inhibe el deseo sexual del sujeto, disminuyendo el riesgo de reincidencia de los abusadores al recuperar la libertad. Es un tratamiento médico, con una duración de seis meses, por lo que es reversible; por tanto, el sujeto debe seguir recibiendo el tratamiento por cuánto tiempo sea necesario o previsto. El cambio no compromete el físico del abusador, pero sí su interés y deseo por realizar actividades sexuales.

En Colombia muchos han sido los proyectos de ley que consisten en aprobar la castración química, pero todos han quedado en stand-by. El último fue radicado por el representante Álvaro Hernán Prada.

Aún si es cierto que en Colombia la castración química podría pasar por inviable por su carácter inconstitucional, deben ser tomados en consideración los derechos de las víctimas por encima de los beneficios de los pederastas.

La mejor alternativa para poner en funcionamiento la medida sería indudablemente de forma voluntaria. Esto, para evitar el incumplimiento de la prohibición de la tortura u otros tratos crueles o inhumanos. La implementación de esta prevención con consentimiento informado es la mejor solución que, en el momento, tiene el país para aliviar la evidente pero silenciosa problemática. Si el delincuente, por ejemplo, se negara a esta norma, quedaría en evidencia sus intenciones de no querer restituirse bajo la ley.

La eficacia del tratamiento en países como Estados Unidos, Indonesia, Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia, Corea del Sur, Argentina, entre otros. demuestra el importante impacto que podría tener en las alarmantes estadísticas de violación en el panorama colombiano.

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